Análisis comparado del Convenio núm. 94 de la OIT y el derecho de contratación pública de Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay

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Resumen

En los países de la OCDE la contratación pública absorbe casi un tercio del gasto público; en Brasil, alrededor de una cuarta parte, y en Colombia, alrededor de una quinta parte (OECD, 2025). El trabajo de esos contratos lo realizan los trabajadores de los contratistas. El Convenio núm. 94 de la OIT, de 1949, exige que el contrato establezca que el contratista les paga no menos y les ofrece condiciones no menos favorables que las que rigen para un trabajo igual en la misma rama y región, y que el Estado lo verifique, sancione a los infractores y, cuando haga falta, retenga pagos al contratista. De los cinco países estudiados, Uruguay ratificó el Convenio en 1954 y Brasil en 1965, mientras que México respondió a la OIT que la legislación laboral general protege suficientemente los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en el derecho de la contratación pública de estos países la obligación de pagar a los trabajadores del contratista según el nivel de la rama no existe o tiene un alcance restringido. Quisimos saber qué parte del Convenio recoge el derecho de compras públicas de estos países, si hay documentos sobre la aplicación de esas normas y a qué responde lo encontrado: a la ratificación o a la forma en que cada país protege por sí mismo a los trabajadores de los contratistas.

Datos y método. Leímos el Convenio y la Recomendación núm. 84 de la OIT, adoptada junto con él; el Estudio General que la Comisión de Expertos dedicó al Convenio en 2008; todos los comentarios de la Comisión sobre Uruguay y Brasil de 2008 a 2025; las leyes, los reglamentos y los documentos tipo de contratación vigentes en los cinco países, las decisiones de los tribunales superiores y los informes de auditoría disponibles. Analizamos si los requisitos del Convenio aparecen, total o parcialmente, en las normas de cada país, en los documentos tipo y en los documentos de aplicación.

Resultados principales. Los países que no ratificaron el Convenio —Argentina, Colombia y México— no exigen a los contratistas pagar a sus trabajadores no menos de lo que rige para un trabajo igual en la rama: tienen, en el mejor de los casos, una obligación general de cumplir la legislación laboral y un control del pago de aportes. Ese requisito existe solo en Uruguay y Brasil, y aun allí para una parte de los contratos. Los cinco países cuentan, al menos en parte, con control de los pagos a los trabajadores y con sanciones, pero en Colombia y México solo se controla el pago de aportes e impuestos.

Conclusiones. Los controles y las sanciones existen en los cinco países, hayan ratificado o no el Convenio. En cambio, la obligación de pagar a los trabajadores del contratista no menos de lo que rige en la rama figura solo en los dos países que lo ratificaron. Donde existe, se limita a las tarifas o a un tipo de contrato, o rige solo en la selección del contratista: se rechaza la oferta con salarios inferiores a los de la rama, pero no se incorpora al contrato la obligación de pagar a los trabajadores ese nivel. Para el trabajador de un contratista en Argentina fuera de la obra pública, en Colombia y en México, esto significa que el Estado verifica, en el mejor de los casos, que se hayan pagado sus aportes y su salario, pero no cuánto se le paga.

El informe está disponible en inglés, español y ruso.

Cita recomendada

Limarau, D. (2026). Análisis comparado del Convenio núm. 94 de la OIT y el derecho de contratación pública de Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay. Report. Consejo Internacional para la Lucha contra la Corrupción. DOI 10.5281/zenodo.23476815. https://cilclegal.org/

El texto original de la obra está en inglés.